Este diagnóstico tiene como objetivo proporcionar información cuantitativa y cualitativa con un enfoque humano que da voz a aquellas personas que viven en carne propia las consecuencias de una buena o deficiente función de los abogados defensores, públicos y particulares. Asimismo, con el diagnóstico pretendemos iniciar una discusión informada sobre la necesidad de construir un modelo de defensoría de excelencia que permita la evaluación constante para la toma asertiva de decisiones coyunturales que fortalezcan esta importante labor, teniendo como fin paralelo el posicionamiento del abogado defensor como factor de cambio para el correcto funcionamiento del sistema de impartición de justicia en México.

Recomendaciones de política pública 

• Garantizar la equidad salarial y de condiciones entre la defensoría pública y el Ministerio Público, es fundamental para proveer la igualdad de oportunidades procesales a los diferentes actores del proceso penal y generar juicios más justos y de mejor calidad. 
• Ampliar la plantilla de defensores públicos, a nivel estatal y a nivel federal para liberar la carga de asuntos asignados y estén en posibilidad de brindar la atención pertinente y con la debida diligencia a los asuntos en que participen.
• Crear mecanismos de habilitación y verificación de calidad en el desempeño de parte de quienes ejercen la profesión jurídica, ya sea a través de la colegiación, de la certificación para ejercer la defensa en todas las materias, o de otras herramientas que permitan imponer estándares profesionales y éticos a los abogados, así como sancionar su incumplimiento. En este ámbito resulta oportuna la creación de protocolos, manuales de buenas prácticas e instrumentos que regulen la actividad de la defensoría penal.
• Establecer instrumentos y mecanismos de monitoreo de las actividades diarias del defensor para detectar áreas de oportunidad en términos de gestión de actividades, que les permitan eficientar sus procesos internos. Estas herramientas, también permiten aislar aquellos factores que inciden en la percepción del desempeño de la persona defensora, pero que no son inherentes a su función, sino de la dinámica del proceso penal; lo que incluso podría abonar al mejoramiento del sistema desde la voz de un operador fundamental.
• Permitir el acceso público a información de calidad sobre quienes ejercen la defensa penal, tanto en el ámbito público como privado. Como un rubro atingente a esta recomendación y a la relacionada con la implementación de mecanismos de preparación y verificación de calidad en el desempeño de la defensa penal, se propone la generación de una base de datos pública de las y los abogados verificados.